¿Por qué apoyar la lactancia en el trabajo?

Blog de Género y Diversidad del BID, agosto de 2022

Solo el 37% de los bebés en América Latina y el Caribe reciben lactancia exclusiva a los seis meses, y las políticas laborales que podrían ayudar, permisos remunerados y salas de lactancia, no llegan a la mayoría de las madres trabajadoras.
Autor/a

Alain Pineda

Blog de Género y Diversidad del BID · Agosto de 2022

Solo el 37% de los bebés en América Latina y el Caribe reciben lactancia exclusiva a los seis meses, por debajo del promedio global de 44%. Las políticas laborales que podrían extenderla, permisos remunerados y salas de lactancia, existen en el papel en la mayoría de los países, pero se cumplen de manera desigual y rara vez llegan a las trabajadoras informales.

Qué cubre el texto

Una de las razones más comunes para dejar la lactancia antes de tiempo es el regreso al trabajo. Dos políticas laborales buscan ayudar: los descansos diarios remunerados para amamantar o extraer leche, y las salas de lactancia. Según una revisión de UNICEF sobre 24 países de la región, 19 ofrecen descansos de al menos 60 minutos al día, pero 4 no tienen ninguna legislación al respecto. Las salas de lactancia están establecidas por ley en 18 de los 24 países, pero en 14 de ellos solo se exigen a partir de un número mínimo de empleados, lo que excluye del derecho a una parte importante de las trabajadoras.

Políticas laborales de apoyo a la lactancia en 24 países de América Latina y el Caribe revisados por UNICEF (2020). Fuente: blog del BID, con datos de UNICEF.

Por qué importa

Dos brechas limitan cuánto ayudan estas políticas en la práctica. Primero, el monitoreo es débil: hay poca información sistemática sobre si los mandatos existentes se cumplen, así que ni trabajadoras ni empleadores conocen con claridad sus derechos y obligaciones. Segundo, la mayor parte de la fuerza laboral de la región trabaja en la informalidad, y un empleo informal queda fuera de estos mandatos por definición. En América Latina y el Caribe, en 2019 solo el 38.2% de las mujeres empleadas trabajaba de manera formal, así que un derecho escrito en la ley laboral no llega a la mayoría de las madres trabajadoras. Cerrar esa brecha requiere financiamiento público, no solo regulación: proveer salas de lactancia tiene un costo para los empleadores, y el apoyo del gobierno es lo que puede extender el beneficio a las trabajadoras que un mandato financiado solo por el empleador dejaría fuera.

Resumen completo

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y de manera complementaria con otros alimentos hasta los dos años o más. América Latina y el Caribe se quedan cortos frente a ese estándar: solo el 37% de los bebés reciben lactancia exclusiva a los seis meses, frente a 44% a nivel global. Una de las razones más reportadas para dejar la lactancia antes de tiempo es la necesidad de las madres de regresar al trabajo, lo que convierte a la política laboral en una palanca central para cerrar esa brecha. Dos políticas importan más: los descansos diarios remunerados para amamantar o extraer leche, y las salas de lactancia dedicadas. Según una revisión de UNICEF sobre el marco regulatorio de 24 países de la región, la mayoría ya legisla alguna forma de ambas: 19 de 24 países ofrecen descansos de al menos 60 minutos al día, aunque 4 no tienen ninguna legislación al respecto, y pocos países permiten que estos descansos se extiendan más allá de los seis meses de edad del bebé. Las salas de lactancia están establecidas por ley en 18 de 24 países, pero en 14 de ellos solo se exigen a los empleadores que superan un número mínimo de empleados, lo que excluye en la práctica a una parte importante de las trabajadoras. Dos retos estructurales limitan el alcance de estas políticas. Primero, el monitoreo y la evaluación de los programas existentes es muy limitado en toda la región, dejando tanto a trabajadoras como a empleadores con poca información clara sobre sus derechos y obligaciones, y dejando a quienes hacen política pública con poca evidencia sobre qué programas realmente funcionan. Segundo, la mayor parte de la fuerza laboral de la región trabaja en la informalidad, y el empleo informal queda fuera del alcance de cualquier mandato laboral por definición; en América Latina y el Caribe, solo el 38.2% de las mujeres empleadas trabajaba de manera formal en 2019. Debido a que las salas de lactancia son costosas de proveer para los empleadores, y a que buena parte de la fuerza laboral es informal, la acción gubernamental es central para extender estos beneficios de manera equitativa: fortalecer los marcos regulatorios hacia estándares internacionales como el Convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad, construir el monitoreo y la evaluación que hoy falta, y establecer alianzas público-privadas, respaldadas con financiamiento público, para que el apoyo a la lactancia llegue a las trabajadoras que un mandato financiado únicamente por el empleador dejaría fuera. Reconocer los desafíos que la maternidad plantea para las mujeres trabajadoras, y los beneficios de la lactancia, debería ser parte de cualquier política laboral con enfoque de género: apoyar la lactancia en el trabajo no es solo un asunto de igualdad laboral, es una inversión en el desarrollo de la siguiente generación.